- Los alegatos finales fueron entregados ante el Primer Tribunal Ambiental, el que deberá determinar si se configura o no el daño ambiental al acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo.
Cinco abogados entregaron sus argumentos ante el Primer Tribunal Ambiental para establecer y para descartar el daño ambiental del acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo. Con dichos alegatos culminó, el lunes, la etapa de prueba de la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Minera Escondida, Minera Zaldívar y Albemarle.
Los alegatos de los abogados demandantes -esto es el CDE y los terceros coadyuvantes la Comunidad Indígena Atacameña de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños- se centraron en demostrar el daño ambiental, su significancia y el dolo o culpa de las tres mineras. Mientras que los abogados de las empresas desestimaron su responsabilidad y se refirieron a los permisos ambientales que les han sido otorgados para realizar su labor.
El primero en alegar con el fin de establecer el detrimento fue el abogado Osvaldo Solís, quien en representación del Estado de Chile “y de las futuras generaciones” dijo que “es un hecho asentado por testigos expertos y comunes que los ecosistemas dependientes del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo necesariamente van a desaparecer, los servicios ecosistémicos que éstos prestan van a dejar de prestarse y la biodiversidad que caracteriza el área también va a desaparecer”.
Solís se refirió al daño al medioambiente y afirmó que es “irreparable” porque se extiende más allá de la vida en escala humana y “permanente y continuo” porque las empresas Zaldívar y Albemarle continúan extrayendo agua.
Con la entrega de diversos antecedentes para demostrar que se configura la significancia y la culpa o dolo, Solís finalizó su alegato mostrando un documento del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en el que se exhibe el descenso del Sistema Lagunar La Punta y La Brava. “Lo que informa el MMA es que Laguna La Punta se va a secar el año 2028, Laguna La Brava va a subsistir un poco más”. También, exhibió imágenes del caracol de Tilopozo, una especie única del lugar y dijo que “va a perder su núcleo poblacional más importante por la muerte de la Vega”, lo mismo con los organismos extremófilos que habitan en las lagunas. “Allí hay una fuente inagotable de conocimiento científico que se va a desaprovechar”, aseguró Solís.
Luego, el abogado de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, Ronald Sanhueza hizo referencia a miembros de la comunidad de Peine presentes en la audiencia al manifestar que “nos encontramos ante representantes que podrían ser la última generación de Peineños que vieron Las Vegas de Tilopozo y los sistemas lagunares La Punta y La Brava”.
También para Sanhueza, “toda la prueba rendida hace ver que los niveles de agua del acuífero tienen relación con las extracciones de las demandadas lo que obedece penosamente a una forma de hacer negocio, a un modelo de explotación que no es racional, ni tampoco responsable, puesto que aun ante la evidencia no se toman medidas para corregir la situación de peligro y daño que se está provocando”.
“Hoy continúan las extracciones. En los 30 minutos de alegatos, el equivalente a 27 camiones aljibes de agua de 15 metros cúbicos, salieron del acuífero. No llegaron a Tilopozo y no llegaran nunca. Ese es el equivalente de agua que se continúa extrayendo”, afirmó Sanhueza.
Posteriormente fue el turno del abogado del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Sergio Chamorro, quién se refirió “al derecho reclamado de permanecer en un lugar y en un entorno natural que es propio del pueblo atacameño y al insistente llamado que han realizado respecto a que la cuenca, sus bofedales, el acuífero son sistemas altamente frágiles.
“Saben y sabemos que el lugar donde extraen cobre y litio es altamente frágil. Que vive un pueblo hace 11 mil años y que vive gracias a un equilibrio ecosistémico”, enfatizó el abogado del CPA.
Empresas
Por parte de las empresas, el primero en entregar sus fundamentos para establecer que no hay daño ambiental en el acuífero fue el abogado Patricio Leyton en representación de Minera Escondida. Entre sus argumentos estuvo que la empresa se ajustó siempre a su permiso ambiental; que dejó de extraer agua el 2019; y que las extracciones realizadas no generaron efectos en las Vegas de Tilopozo.
Respecto al acuífero dijo que “no puede haber daño ambiental si lo que se produjo es un impacto evaluado y aprobado”, al referirse a que se evalúo que los niveles del acuífero no bajaran de los 25 centímetros en lugares con vegetación y no en cualquier lugar.
Sobre la afectación a las vegas, Leyton aseguró que “los efectos de Escondida no han llegado a Las Vegas (de Tilopozo) y que los efectos que se perciben en esos puntos son producto de las extracciones de Albemarle y Zaldívar”.
Posteriormente, Rodrigo Guzmán alegó en representación de Minera Zaldívar, fundamentando que la demanda es “injusta, inconsistente, injustificada” en lo que concierne a Minera Zaldívar y enfatizó en que no les asiste responsabilidad de daño ambiental.
En sus alegatos, Guzmán dio que no ha habido mención alguna de la responsabilidad que le incumbe al Estado haber entregado sendos derechos para extraer agua. “El Estado nada ha dicho, sin embargo, es el responsable de haber entregado todas esas autorizaciones”, afirmó.
Otro argumento de Compañía Minera Zaldívar tuvo relación con que la empresa nunca ha sido objeto de un levantamiento de cargos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, haciendo alusión a lo que sucede con Minera Escondida, quien está sujeta a un procedimiento sancionatorio.
Finalmente, fue el turno del abogado de Albemarle, Gonzalo Montoya, quien afirmó no entender por qué la empresa ha sido demandada y aseguró que no hay prueba contra la compañía.
Para Montoya el pilar de la demanda del CDE es el procedimiento sancionatorio que la Superintendencia del Medio Ambiente levantó contra Minera Escondida y aseguró que ningún documento que entregó el Consejo dice relación con Albemarle y cuestionó el estándar probatorio. “El CDE se olvida que Albemarle es una empresa que se dedica a otra cosa, que tiene otro tipo de extracción”, manifestó.
El abogado recordó que el agua que la empresa extrae no es subterránea, sino de una vertiente producto del afloramiento del acuífero y enfatizó que es una extracción mínima en comparación con las otras empresas.
En su defensa, además, Montoya argumentó que, sobre la prueba de la empresa, “Albemarle realiza una actividad distinta, utiliza niveles de agua ínfimos y no forma parte del procedimiento administrativo que se sigue contra Minera Escondida”.
Finalmente mencionó que la demanda a la empresa que representa es “irresponsable” porque no se ha provocado ninguna afectación por la extracción que ellos realizan.
