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- Gremio advierte que, pese a las barreras al desarrollo industrial, seguirán golpeando puertas e invitando a autoridades actuales y futuras a formar parte de una alianza estratégica.
La localidad de Sierra Gorda, conocida por su carácter productivo-residencial, enfrenta un problema que ha encendido las alarmas entre sus habitantes. El gremio compuesto por emprendedores locales, demanda la disponibilidad de suelo para la instalación de actividades productivas. Sin embargo, la oferta es prácticamente inexistente, y las exigencias para ocupar las zonas aptas dentro del radio urbano superan las capacidades técnicas y económicas de sus residentes.
Estas fueron las principales conclusiones del encuentro organizado por la “Asociación Gremial de Pymes de Sierra Gorda”, realizado en el sector industrial de la localidad. El evento, centrado en un análisis legal y territorial sobre las gestiones con Bienes Nacionales y el Plan Regulador, contó con la participación de Matías Calderón, abogado experto en propiedad minera de la Universidad de Chile, y Lucas Loayza Arias, magíster en urbanismo de la Universidad Católica. Ambos presentaron un informe técnico accesible y detallado que propició un enriquecedor debate entre los asistentes.
Calderón subrayó la importancia de la unidad gremial, repasando las numerosas solicitudes presentadas a Bienes Nacionales, muchas de las cuales han sido rechazadas debido a la existencia de servidumbres mineras en los terrenos y la vigencia del Plan Regulador en Sierra Gorda. “La servidumbre no implica propiedad”, aclaró Calderón, quien además mostró ejemplos de arriendos ya efectuados por el ministerio en casos similares. Explicó que en algunos casos se ha recurrido a la Corte de Apelaciones de Antofagasta en busca de soluciones legales.
El abogado también denunció que, por acciones de la Municipalidad de Sierra Gorda, varios agremiados han sufrido fiscalizaciones, detenciones, paralizaciones y multas impuestas por el Juzgado de Policía Local. “Hemos tomado medidas jurídicas y las seguiremos tomando”, afirmó, dejando claro que el gremio no piensa rendirse.
En el debate, una socia residente expresó su frustración, relatando cómo el municipio manifestó su intención de “sacar a los agremiados del sector industrial” en una reunión con vecinos. “Solicitamos, bajo la Ley del Lobby, reunirnos con la autoridad, pero no nos recibieron. Esto demuestra una falta total de compromiso para escucharnos”, enfatizó.
Desde el punto de vista de la solicitud de información, Calderón informó que se ha contactado a diversas instituciones, incluyendo la Municipalidad de Sierra Gorda, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Minvu, la Dirección de Obras Hidráulicas y el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras. La recopilación de datos y análisis técnicos ha llevado meses, y el abogado destacó la complejidad del proceso en curso.
Por su parte, el urbanista Lucas Loayza presentó un exhaustivo estudio sobre el proceso de implementación del Plan Regulador, que entró en vigencia en 2021 tras un proceso iniciado en 2014. En lo que respecta a la zona industrial, indicó que esta fue declarada como área de riesgo de aluviones, lo que complica su uso para actividades productivas. Minera Sierra Gorda había advertido sobre este riesgo, sugiriendo que la zona no debía ser destinada a uso industrial, observaciones que, sin embargo, no fueron consideradas por las autoridades de la época, culminando con la aprobación del plan.
Emprendedores invisibilizados
Los asistentes al encuentro señalaron que, antes de la implementación del Plan Regulador, ya existían actividades en el sector conocido como Barrio Industrial, ocupado por agremiados y vecinos. Este sector fue solicitado a Bienes Nacionales hace años, y existen pruebas documentales que respaldan dichas gestiones. Sin embargo, el ministerio no ha dado respuesta hasta el momento.
Loayza se mostró sorprendido de que, a pesar de que el sector ofrecía una ubicación favorable y que ya se desarrollaban actividades en el lugar, las instalaciones no fueron consideradas por la autoridad. Como ejemplo, se mencionó el caso de Carlos Solís, un emprendedor que operaba un taller mecánico en el área, proporcionando servicios a la comunidad, incluidos el municipio y Carabineros. Hasta la fecha, es el único taller de su tipo en la localidad.
Considerando que el Plan Regulador debe velar por el bienestar público en el marco de la sustentabilidad, los expertos destacaron la necesidad de replantear ciertos aspectos del instrumento, que pueden haber quedado atrapados en la estrategia sin atender las realidades del territorio. Se sugirió un seguimiento riguroso para la próxima actualización del plan, que incorpore las observaciones ignoradas en el proceso anterior. Asimismo, se instó a las autoridades locales a apoyar y monitorear activamente los procesos que podrían ofrecer soluciones viables a este conflicto.
