- El presidente de Sonami, Jorge Riesco, manifiesta su preocupación por la reciente venta del 10% de la mina Quebrada Blanca de Enami a Codelco, advirtiendo sobre un posible perjuicio patrimonial para la estatal y acusando falta de transparencia en el proceso.
En una conversación con el programa Más Que Números de Radio Infinita, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), abordó la polémica venta de la participación del 10% que Enami tenía en la mina Quebrada Blanca a Codelco. El líder gremial expresó su objeción a la venta, señalando preocupaciones sobre el impacto que esta operación puede tener en el futuro de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y sus capacidades para cumplir con su mandato legal.
Riesco fue claro en señalar la importancia estratégica que la participación de Enami en Quebrada Blanca representa para la empresa. “Nosotros hemos manifestado nuestra aprehensión y derechamente la objeción a que se prescinda de este activo que es importante para Enami”, afirmó. Según el presidente de Sonami, la decisión de vender la participación en la mina podría socavar la capacidad financiera de la estatal para cumplir con su labor, que incluye la promoción y apoyo a la pequeña y mediana minería.
Uno de los puntos críticos que identifica Riesco es la falta de información que Sonami, como representante del sector minero, tuvo sobre la operación. A pesar de contar con directores designados en el directorio de Enami, Riesco mencionó que “no tenemos antecedentes de cuál es la mayoría con la cual se aprobó el acuerdo. Nosotros suponemos que los directores que designamos habrán tenido una opinión contraria […] pero no tenemos ese antecedente sinceramente”. Esta falta de claridad en la comunicación, sumada a la ausencia de información sobre la licitación del directorio, ha generado un malestar particular en el gremio.
El proceso fue, según Riesco, innecesariamente reservado. “No me explico por qué el tema era tan secreto si se trataba de un acuerdo entre dos empresas públicas”, cuestionó. En su opinión, la operación pudo haberse manejado de manera más abierta y transparente, creando una “alianza virtuosa” que hubiese permitido obtener mejores resultados tanto para Enami como para el Estado.
Otro punto de controversia señalado por Riesco fue la falta de respuesta oportuna del gobierno frente a las inquietudes de Sonami. El presidente del gremio informó que el 17 de julio entregaron una carta dirigida al Presidente de la República para expresar su preocupación sobre la venta. Sin embargo, la respuesta no llegó hasta el 29 de agosto, en la que la ministra correspondiente propuso una mesa de trabajo para abordar el tema el 27 de septiembre. “A los tres días de esa respuesta, cita a un nuevo directorio secreto y acuerda esto que había sido precisamente el objeto de la carta”, acusó Riesco, señalando un manejo poco claro de la situación.
Respecto a las posibles consecuencias de esta operación para los directores de Enami, Riesco no descartó la posibilidad de responsabilidades legales. Si se llegara a demostrar que la venta se realizó a un valor inferior al esperado o que produjo un perjuicio patrimonial para Enami, los directores involucrados podrían enfrentar cargos por administración desleal. “El carácter de directores tiene su propia responsabilidad y si se llegara a determinar que aquí hay un valor disminuido o derechamente un perjuicio patrimonial en Enami, obviamente que esto detona responsabilidades personales”, aseguró.