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- Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), destacó que la conflictividad social sigue siendo uno de los mayores desafíos para la minería peruana, con 23 proyectos demorados y solo ocho con fecha de inicio, afectando la competitividad y atracción de inversiones.
En el marco de un diálogo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), expresó su preocupación por los continuos retrasos en 23 proyectos mineros en el país, de los cuales únicamente ocho tienen fecha de inicio.
“Estos proyectos están retrasados por razones ajenas a las empresas. Algunos no tienen una fecha clara para avanzar, lo cual es preocupante para la competitividad del sector”, afirmó Gallardo. Entre los proyectos emblemáticos en espera se encuentran Conga y Michiquillay en Cajamarca, y Tía María en Arequipa.
Conflictividad social: el gran obstáculo
Uno de los factores clave detrás de estos retrasos es la persistente conflictividad social. A pesar de una reducción entre 2021 y 2022, las cifras actuales de conflictos son similares a las de 2017 y 2018.
“El Estado tiene un rol crucial en prevenir estos conflictos mediante el cierre de brechas en infraestructura y servicios básicos”, señaló Gallardo.
El impacto de la falta de desarrollo de estos grandes proyectos no solo afecta a las comunidades locales, sino que también desalienta la inversión en el país. “Si Tía María no avanza, las empresas buscarán alternativas en Chile, Australia o Canadá, donde no enfrentan estos problemas”, advirtió.
La competitividad minera en riesgo
La inacción en proyectos clave amenaza con disminuir la posición estratégica de Perú en el mercado global de minería. Según Gallardo, un enfoque gubernamental más proactivo es esencial para superar estas barreras y garantizar el avance de una cartera minera que podría traer beneficios significativos al país.
