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- Los 13 mineros secuestrados en Pataz fueron hallados sin vida tras exigirse un rescate millonario. Familiares denuncian abandono de las empresas y omisión de las autoridades.
La ejecución de 13 trabajadores mineros en Pataz destapó el accionar violento de organizaciones criminales que controlan socavones ilegales en Perú. Las víctimas, secuestradas y asesinadas por una banda liderada por ‘Cuchillo’, quedaron en el desamparo, sin respuesta efectiva del Estado ni de las empresas involucradas.
Los cuerpos desnudos, maniatados y con impactos de bala de 13 mineros fueron encontrados este domingo en un socavón de Pataz, región La Libertad, Perú. La masacre puso fin a un dramático secuestro de más de una semana, marcado por amenazas, extorsión y la total desprotección de los trabajadores por parte de las autoridades y las compañías vinculadas a la operación.
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Las víctimas trabajaban para la empresa R&R Consultores, contratista vinculada a Compañía Minera Poderosa, y fueron capturadas por una banda armada liderada por Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’ o ‘Gatillo’, conocido criminal con antecedentes por homicidio, extorsión y minería ilegal. Según testimonios, los secuestradores exigieron 4 millones de Soles Peruanos por su liberación.
“No nos han querido aceptar la denuncia aquí. Nos mandaban a Huamachuco. No sabemos si están con vida, no nos abandonen”, suplicó la tía de una de las víctimas durante una manifestación en Trujillo. La familia, como muchas otras, asegura haberse enterado del secuestro por un amigo, no por la empresa. “Nos han dejado en el abandono. Mi sobrino cobra de Poderosa”, añadieron.
La lista parcial de identificados incluye a Nilver Pérez Chuquipoma, César Rospigliosi, Frank Monzón, Jhon Facundo, Franklin Facundo, Josué Carbonell, Alexander Domínguez y Juan Ñaupari, todos con trabajos recientes en la zona bajo modalidad artesanal.
Las autoridades locales demoraron en reaccionar. El general PNP Guillermo Llerena admitió inicialmente no tener certeza de la veracidad del secuestro por la falta de denuncia formal. Recién después de la viralización del caso, se desplegaron fuerzas del orden, sin resultados preventivos.
El área de Pueblo Nuevo, donde fueron retenidos los mineros, está marcada por la presencia de bocaminas ilegales, en constante disputa entre bandas. Testimonios mencionan a un tal ‘Galindo’ como dueño del socavón donde fueron mantenidos cautivos. A pesar del despliegue posterior del Grupo Especial contra el Crimen Organizado y la Dirincri, los trabajadores fueron asesinados, presuntamente con silenciadores.
La violencia en la zona no es nueva. En marzo, una torre de alta tensión fue dinamitada y un vehículo con personal de Poderosa emboscado, dejando cinco muertos. ‘Cuchillo’, anteriormente parte de bandas como ‘Los Chukys’ y ‘Los Búlgaros del Norte’, es sindicado como autor de múltiples atentados desde 2014, incluyendo la muerte de 10 vigilantes en la mina Poderosa en 2023.
En paralelo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó la detención en Lima de un hombre con una pistola registrada a nombre de una de las víctimas, lo que podría abrir nuevas pistas en la investigación.
El conflicto aurífero en Perú pone en riesgo no solo al ecosistema y la economía formal, sino a decenas de miles de trabajadores, muchos de ellos informales o en vías de formalización. La masacre de Pataz se convierte así en una señal de alerta extrema sobre la incapacidad del Estado y la exposición de quienes trabajan en zonas disputadas por el crimen organizado.
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