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- La Corte Suprema otorgó 20 días a la jueza suspendida Ángela Vivanco para esclarecer seis puntos relacionados con su gestión. Entre ellos, destacan irregularidades en el caso entre Consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco, vinculado al proyecto Rajo Inca.
La Corte Suprema dió un plazo de 20 días a la suspendida jueza Ángela Vivanco para que entregue un informe detallado sobre seis aspectos que están bajo investigación. Entre estos hechos, el segundo en importancia es su participación en el litigio entre el Consorcio Belaz Movitec SPA (CBM) y Codelco, donde se han denunciado supuestas irregularidades.
Este caso gira en torno a la decisión de Codelco de rescindir el contrato con CBM en febrero de 2023, argumentando “retrasos en las obras e incumplimiento reiterado de las estipulaciones contractuales”. Codelco ejecutó entonces el cobro de cuatro boletas de garantía que sumaban más de 11 mil millones de pesos. La medida afectaba al proyecto Rajo Inca, clave para la extensión de la vida útil de la División El Salvador de la estatal chilena.
Cinco meses después, en julio de 2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema, liderada provisionalmente por Ángela Vivanco, falló a favor del consorcio chileno-bielorruso CBM, conformado por la empresa Movitec y la estatal bielorrusa Belaz. El fallo ordenó a Codelco devolver las maquinarias retenidas, incluyendo excavadoras, bulldozers y camiones mineros, así como liberar los más de 11 mil millones de pesos en fondos retenidos.
Este fallo generó controversia, ya que el consorcio había sido demandado por Codelco ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM). La demanda alegaba perjuicios superiores a los 70 mil millones de pesos debido a los incumplimientos en la ejecución de las obras en Rajo Inca.
El proyecto Rajo Inca es fundamental para la estatal, ya que busca extender la operación de la División El Salvador por 47 años más, transformando una mina subterránea en una de rajo abierto. Sin embargo, los problemas con CBM pusieron en riesgo los plazos y la ejecución del proyecto.
El fallo de la Tercera Sala, que ordenó la devolución de los equipos y fondos al consorcio, ha sido uno de los puntos más cuestionados dentro de la investigación que actualmente enfrenta la jueza Vivanco. El Consorcio Belaz Movitec alegó que Codelco actuó de manera arbitraria al rescindir el contrato, asegurando que las demoras eran producto de factores externos no controlables por la empresa. La Corte Suprema acogió estos argumentos, estableciendo que no se cumplió con los principios básicos de equidad contractual.
El conflicto escaló cuando El Mostrador reveló que Vivanco ocupaba provisionalmente la presidencia de la Tercera Sala en el momento en que se dictó la sentencia favorable al consorcio. Este hecho ha alimentado las sospechas de posibles irregularidades en la tramitación del caso. La suspensión de Vivanco, junto con la orden de la Corte Suprema de que informe sobre los hechos, ha puesto en la palestra la necesidad de esclarecer qué ocurrió durante el proceso judicial.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó la situación como un “día desolador para quienes participamos en el sistema de justicia”, haciendo alusión al impacto de las acciones de la jueza Vivanco en la credibilidad del poder judicial.
Por su parte, Codelco ha anunciado que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema, aunque ha mantenido su demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación, buscando recuperar parte de los perjuicios económicos que estima en más de 70 mil millones de pesos. La estatal argumenta que los incumplimientos de CBM han afectado gravemente la ejecución del proyecto Rajo Inca, el cual es estratégico para mantener la producción y viabilidad económica de la División El Salvador.
