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- La Contraloría General de la República (CGR) reveló que la Empresa Nacional de Minería (Enami) efectuó pagos por $10.444.893.786 entre 2018 y 2022 a empresas vinculadas a familiares de su exdirector, Patricio Céspedes Guzmán. Estos pagos se realizaron a Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA, contraviniendo la ley N° 19.886 sobre contratos administrativos. El caso fue derivado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones legales pertinentes.
Un informe de la Contraloría General de la República detectó que, durante el período 2018-2022, Enami realizó pagos por más de $10 mil millones a empresas cuyos socios tenían vínculos familiares con el entonces director de la estatal, Patricio Céspedes Guzmán. Estas transacciones, que involucran a su cuñada, sobrinos e hija, no fueron declaradas en su momento, constituyendo un conflicto de interés que vulnera la normativa vigente.
La auditoría de la CGR identificó que las empresas Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA, cuyos socios incluyen a la cuñada, sobrinos e hija de Céspedes, recibieron pagos de Enami por un total de $10.444.893.786 entre 2018 y agosto de 2022. Estos hechos contravienen el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886 sobre contratos administrativos.
La Contraloría ya había advertido sobre estas irregularidades en informes anteriores de 2020 y 2022, solicitando a Enami revisar las contrataciones y corregir las situaciones que se apartaban de la normativa. Sin embargo, la estatal no respondió ni implementó las medidas necesarias, lo que llevó a la CGR a remitir el caso al Ministerio Público y al CDE para las acciones legales correspondientes.
En respuesta al informe, Enami afirmó que la actual administración, que asumió en agosto de 2023, ha trabajado para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de la empresa. La estatal aseguró estar implementando mejoras en los procedimientos para prevenir conflictos de interés y se comprometió a responder a las observaciones de la Contraloría en los plazos requeridos.
Por su parte, Patricio Céspedes, quien también fuera parte de la directiva de SONAMI, negó las acusaciones y calificó el contenido del informe como falso. Argumentó que la pequeña minería es un rubro familiar, donde es común que familiares directos participen en la actividad minera. Además, insinuó que las acusaciones podrían estar motivadas por su posición como opositor en la contienda por la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
La CGR instruyó a Enami para que, en un plazo de 60 días hábiles, presente un procedimiento interno actualizado que aborde estas irregularidades. Además, el directorio de la estatal deberá iniciar una investigación interna en un plazo de 15 días hábiles para determinar posibles responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
