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- A pesar de contar con vastas reservas de litio, Bolivia enfrenta limitaciones tecnológicas, legales y sociales que dificultan la explotación del mineral. Este análisis, basado en información de Bloomberg, examina los factores que impiden el despegue del país en el mercado global del litio.
Bolivia, poseedora de una de las mayores reservas de litio del mundo, sigue sin lograr capitalizar su potencial como actor principal en el mercado global de este mineral estratégico. A pesar de la nacionalización de la producción de litio en 2008, con la promesa de convertir al país en un motor de la industria de baterías y vehículos eléctricos, el camino hacia la explotación masiva y rentable del “oro blanco” se ha visto plagado de desafíos tecnológicos, legales y sociales. Este artículo se basa en información y análisis proporcionados por Bloomberg.
Uno de los principales obstáculos radica en la falta de tecnología adecuada para la extracción eficiente de litio a partir de salmueras, como las del Salar de Uyuni. Según Álvaro Ríos Roca, socio director de la consultora Gas Energy Latin America, el marco jurídico actual no favorece a la inversión privada en el sector del litio, limitando la capacidad de las empresas extranjeras de exportar y recuperar costos en dólares. “Hay que darle algún blindaje, algún candado, para que la inversión privada llegue a los salares que tiene Bolivia”, subraya Ríos Roca, haciendo referencia a la necesidad de reformas legales que aseguren un ambiente más seguro y predecible para los inversores.
Además de las barreras tecnológicas y legales, los problemas de gobernanza y los vacíos normativos en torno a las consultas previas con comunidades locales plantean un riesgo de crisis social. Analistas del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), como Gonzálo Mondaca y Jorge Campanini, señalan que la falta de consulta previa vinculante y la ausencia de un marco claro para la distribución de regalías e impuestos exacerban las tensiones en las regiones ricas en litio. Esta falta de claridad podría desencadenar conflictos sociales, agravando la ya compleja situación política y económica del país.
Bolivia forma parte del denominado Triángulo del Litio, junto con Chile y Argentina, que alberga más del 62% de las reservas mundiales de este mineral esencial para la transición energética global. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos, Bolivia ha sido más lenta en atraer inversiones y desarrollar una infraestructura adecuada para la explotación del litio. Las fluctuaciones en los precios del litio, que pasaron de más de US$80.000 por tonelada en 2022 a aproximadamente US$10.000 en la actualidad, también han afectado las perspectivas de inversión en el país.
Las dificultades no terminan ahí. Jaime Dunn, analista financiero y exoperador de la Bolsa de Nueva York, estima que Bolivia ya ha gastado más de US$1.000 millones en intentos fallidos de explotar el litio, especialmente a través de métodos de evaporación que no han demostrado ser efectivos en las condiciones del Salar de Uyuni. Este fracaso ha llevado a denuncias de corrupción y contratos lesivos al Estado, lo que ha mermado aún más la confianza en la capacidad de Bolivia para gestionar sus recursos naturales de manera eficiente y transparente.
A pesar de estos desafíos, el gobierno boliviano ha firmado importantes contratos con empresas de Rusia y China, y ha lanzado una segunda convocatoria para el desarrollo de proyectos de extracción directa de litio (EDL). Sin embargo, la falta de información clara sobre estos acuerdos y la participación de empresas extranjeras genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos de producción y la viabilidad a largo plazo de estos proyectos. El analista Jonathan Fortun, del Instituto de Finanzas Internacionales, destaca que la percepción de riesgos políticos y económicos puede desalentar la inversión privada, lo cual es fundamental para el desarrollo del sector.
Para avanzar en la carrera del litio y no quedarse atrás frente a Chile y Argentina, Bolivia necesita mejorar su infraestructura y capacidades técnicas, promover asociaciones público-privadas, y establecer un marco normativo claro que proteja tanto los intereses nacionales como los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente. Sin estas reformas, el sueño de convertir al litio en un motor de desarrollo económico podría quedar fuera del alcance de Bolivia.
