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- El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó este 14 de agosto una nueva regulación que fija límites más estrictos a las fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico en Chile, con el fin de proteger la salud de las comunidades y reducir el impacto ambiental de la industria.
El Consejo de Ministros de Chile aprobó una nueva normativa que exige una captura mínima de 95 % a 99,5 % de arsénico y azufre en fundiciones de cobre, con etapas graduadas en 0, 3 y 9 años, según tipo de instalación. Esta medida fue adoptada por el Ministerio del Medio Ambiente, a fin de mitigar emisiones de contaminantes peligrosos como material particulado, SO₂, As y Hg, representando un avance en la protección ambiental y salud ciudadana.
La norma, presidida por la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas, establece porcentajes de captura progresivos que van desde el 95 % en instalaciones existentes hasta el 99,5 % en nuevas operaciones. El calendario contempla tres etapas: aplicación inmediata tras la publicación en el Diario Oficial, una segunda fase a tres años con exigencias de captura del 96 %, y una tercera a nueve años donde se deberá alcanzar al menos un 98 % de retención.
Además de los porcentajes de captura de arsénico y azufre, la normativa incorpora controles al material particulado. Las fundiciones estarán obligadas a alcanzar una eficiencia mínima de 85 % en el manejo, transporte y almacenamiento de concentrados de cobre, junto con medidas operacionales para evitar emisiones fugitivas.
La ministra Rojas subrayó que este ajuste responde a una necesidad urgente de modernización ambiental: “Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y proteger nuestro patrimonio natural, impulsando un desarrollo más sostenible”.
El proceso normativo incluyó una consulta pública entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, en la cual se recibieron observaciones de comunidades, gremios y expertos, que fueron incorporadas en el texto final. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) será la encargada de fiscalizar la aplicación de la norma y establecer protocolos de medición y verificación.
Con esta decisión, Chile da un paso relevante en el fortalecimiento de su política ambiental aplicada a la minería, un sector clave para la economía nacional pero también una de las principales fuentes de emisiones contaminantes.
